Vivienda

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad”

Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Aunque el derecho a la vivienda está reconocido por las leyes, este derecho nos es negado a golpe de ley, es una necesidad no asegurada, es un factor de empobrecimiento, de exclusión social, de precarización social.

Durante largos años se ha desarrollado una política obediente a las directrices de la banca, la apuesta por el ladrillo es una faceta más de la carrera desbocada del capitalismo que desarrolla una huida hacia adelante en su afán de ganar cada vez más en menos tiempo.

La vivienda es un derecho social, por tanto debe quedar fuera de esta lógica de mercado. La política de las Instituciones debe dar un giro radical y enfocarse al interés social y no a favorecer los intereses privados y especulativos. Lo que significa que todos los fondos públicos en materia de vivienda deben destinarse a dotaciones públicas de uso social (alquiler social), dejando de subvencionar la propiedad privada.

Es necesario que se considere la vivienda de interés público prioritario y por tanto aumentar la dotación presupuestaria de las diferentes administraciones en materia de vivienda, en función de las necesidades reales.

La gestión del suelo debe estar regulada por Leyes que aseguren el uso del mismo en función del interés social y que impidan actitudes especulativas incluso de los propios Ayuntamientos, que habitualmente lo usan como vía de financiación. Por otro lado, las cajas de ahorros, dado su carácter social, deben de reformular su Obra Social e invertirla en solucionar el problema de la vivienda y no lucrarse aprovechándose de la desprotección que sufre este derecho.

Es necesario aumentar la presión social para que se nos garantice el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna. El único camino que nos queda para que este derecho sea reconocido es el de la organización y la presión social. Debemos aunar esfuerzos entre los distintos agentes sociales, colectivos, sindicatos,… que trabajamos por el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna. Hagamos un frente contra la precariedad y demostremos que existen soluciones reales.

Convirtamos en acto nuestro pensamiento para dar pasos en la transformación social.


MINIMOS PARA QUE NOS SEA GARANTIZADO EL DERECHO AL USO Y DISFRUTE DE UNA VIVIENDA DIGNA

Para que este derecho sea garantizado a todas las personas, para poder actuar sobre la vivienda vacía, para que deje de existir y de ser un negocio, es necesaria una Ley de vivienda para Euskal Herria, o dada la coyuntura política actual, contemple las mismas medidas en los distintos territorios que la componen. El objeto de la Ley sería regular el derecho a vivienda, entendido como el derecho de toda persona a acceder al uso y disfrute de una vivienda digna que sea adecuada, en las distintas etapas de la vida, a la situación de la unidad de convivencia, económica y social y a la capacidad funcional de cada persona.

Los Ayuntamientos no quedan exentos de responsabilidad en cuanto a satisfacer este derecho, puede llevar a cabo diversas actuaciones que se recogen en este documento. En los casos en que su actuación quede limitada por la actual Legislación deberían organizarse y exigir a los Gobiernos de Iruñea y Gasteiz, competentes en la materia, para que actúen en pro de un derecho que cada Ayuntamiento debería poder satisfacer a las personas que viven en su localidad.

Para que el derecho al uso y disfrute de una vivienda digna sea satisfecho es necesario que las diferentes políticas en materia de vivienda recojan los siguientes aspectos:

- Se debe priorizar el uso de la vivienda vacía.

 

No puede existir vivienda vacía mientras miles de personas están necesitadas de ella. Es imprescindible poner fin al urbanismo salvaje al que se está sometiendo a nuestros pueblos y ciudades. Construir masivamente no ha arreglado el problema de la vivienda, sino que lo ha agravado y además está suponiendo un fuerte ataque al medio ambiente. Por lo que se debe limitar la construcción de más viviendas mientras existan viviendas vacías. Si fuera totalmentenecesario construir, toda promoción debe de ser pública e ir destinada al alquiler social.

Hay que frenar la especulación inmobiliaria y conseguir que la vivienda vacía pase al mercado de alquiler. La adopción de las siguientes medidas contribuirá positibamente en ese objetivo:

a) Despenalizar la okupación.

b) Establecer un impuesto, canon especial, o penalización complementaria que oriente el cumplimiento de su función social.

c) Establecer normas y poner en práctica la expropiación forzosa del uso de la vivienda vacía, por incumplimiento grave de la función social de la propiedad.

Con voluntad política estas medidas se pueden llevar adelante, existen ejemplos de ello, en Europa y en el Estado Español.

 

- Definición de vivienda vacía: incumplimiento de la función social.

Como primer paso, se debe crear un censo que recoja toda la vivienda vacía existente en cada municipio.

En la actualidad “vivienda vacía” es un concepto jurídico indeterminado, en el que las distintas Administraciones se escudan para no tomar medidas efectivas que combatan su existencia, por lo tanto, es necesaria una normativa que clarifique su definición.

El ejercicio del derecho a la propiedad de una vivienda no debe chocar con el derecho social de acceder a ella, por lo que toda vivienda debe de cumplir su función social de la propiedad. El incumplimiento de esta función se da cuando: la propiedad, de carácter público o privado, incumpla el deber de conservación y rehabilitación de la vivienda, la mantenga desocupada de forma permanente e injustificada, la vivienda esté sobreocupada o bien sea considerada infra-vivienda.

La siguiente puede ser una propuesta de definición acorde a la realidad:

Vivienda vacía es toda aquella que permanezca deshabitada durante más de 295 días, teniendo en cuenta los descansos que tenemos en Euskal Herria, fines de semana inclusive. Esto es, aquella vivienda que no esté ocupada por los menos el 50% de los días de descanso del calendario laboral, que plantea un máximo de 140 días, 70 días.

 

 

- Se debe desarrollar el alquiler público.

Todas las actuaciones y fondos públicos en materia de vivienda deben ir destinados a desarrollar el alquiler público frente a la propiedad privada. Las distintas leyes, directrices, normativas, desarrollan, en su teoría, la necesidad de impulsar la cultura del alquiler y de la rehabilitación, pero no pasan de ser declaraciones de intenciones, ya que las distintas Instituciones no han hecho una apuesta decidida en el desarrollo del alquiler público, potenciando la propiedad privada de la vivienda mediante ayudas fiscales.

- Se deben limitar los precios de los alquileres.

Hay que establecer un límite a los precios que se cobran por los alquileres, tanto a los protegidos como a los de mercado libre. El precio de los alquileres debería ser inferior al techo de endeudamiento por la compra de una vivienda, actualmente no se aconseja un techo superior al 30%. No es de recibo que los precios de los alquileres estén al nivel del precio de compra, por lo que los alquileres no deberían superar el 15% de los ingresos de la persona o unidad convivencial inquilina.

- Creación de un Parque Público de alquiler social, priorizando el uso de la vivienda vacía existente.

Es necesaria la creación de un Parque Público de Alquiler Social para hacer efectivo el derecho al uso de una vivienda.

Hay que priorizar el uso de la vivienda vacía y si es necesaria su rehabilitación, con el objetivo de crear un parque público de vivienda en alquiler social. Toda promoción pública de vivienda debe ir destinada al alquiler social con precios limitados. Ese parque de vivienda en alquiler debe estar al alcance de todas las personas y articularse conforme a las necesidades de las mismas.


 

Toda aquella vivienda susceptible de cubrir las necesidades de habitación de las personas necesitadas y se encuentre vacía, debe pasar a formar parte del parque público de vivienda. Este parque público de vivienda en alquiler social deberá ser gestionado por un ORGANISMO PUBLICO con la participación de los agentes sociales.

Las viviendas que deben incluirse en este Parque son además de las viviendas de promoción pública existentes en la actualidad, todas las viviendas vacías, empezando por las que pertenezcan a cualquier Institución Pública y empresas de carácter público, de los bancos y cajas, constructoras, promotoras, iglesia, ejercito, de particulares que incumplan gravemente la función social.

En la financiación de dicho organismo participarían además de la Administración pública con el presupuesto que actualmente se destina a vivienda, entidades financieras y de previsión vía obra social, viviendas intestadas (particulares sin sucesión directa), aportaciones particulares,… En cualquier caso si con estas fuentes no fuera suficiente, las Instituciones Públicas deben ser el garante de dotar el importe necesario como aportación extraordinaria de emergencia social para el cumplimiento de un derecho como lo es el disfrute de una vivienda.

- Adjudicación de la vivienda social con criterios de universalidad

Este parque de vivienda pública en alquiler se destinaría a complementar la necesidad de vivienda a aquellas personas que no la disfrutan y priorizando a quienes menos recursos tienen. Para lo cual además de tener un censo de vivienda vacía se debe realizar otro censo que incluya la necesidad de vivienda existente con criterios de universalidad que superen los actuales sistemas de adjudicación basados en sorteos o baremos restrictivos a los que solo accede una minoría, frente a la amplia mayoría de personas necesitadas. Para ello se tendrán en cuenta diversas variables como son: nivel adquisitivo, miembros de la unidad de convivencia, patrimonio, etc. A cada variable se le adjudicaría una puntuación que se baremaría y así obtendríamos un orden en el listado de adjudicación, de modo que las personas más necesitadas y con menos recursos pudieran acceder a un alquiler social.

- Se debe garantizar la participación social en la gestión de la vivienda pública.

La gestión de la vivienda debe ser pública, participativa y transparente. Que sea pública no quiere decir que solo se hagan cargo las instituciones. Las personas nos debemos organizar y ser parte activa de esta gestión.


 

ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE ESTAN SUPONIENDO LOS DESAHUCIOS

 

Con la puesta en marcha de las medidas indicadas anteriormente, el grave drama que suponen los desahucios no existiría. Ya que todas las personas necesitadas de vivienda tendrán su derecho al uso de una vivienda en alquiler social garantizado. Además con la implantación de la expropiación del uso de viviendas vacías se frenará radicalmente esta práctica totalmente abusiva y antisocial.

Entre tanto, y como medidas de urgente aplicación, exigimos:

1.- A los Gobiernos de Lakua e Iruñea que impongan la suspensión de todos los desahucios relacionados con impagos de hipoteca o de alquiler, cuando la situación económica de la persona inquilina o prestataria haya sido perjudicada por motivo de la crisis, y no pueda hacer frente en estos momentos al pago de las mismas, aduciendo para ello la grave situación de crisis económica que estamos padeciendo.

2.- A los diferentes Ayuntamientos que aseguren la asistencia legal y ayuda a las personas afectadas, evitando que la gente se quede en la calle. Negarse a colaborar en este despropósito que supone desalojar a las personas de su lugar de residencia. Así como la creación de comisiones locales especiales, con participación popular, para afrontar el problema desde el ámbito más cercano.

3.- Que toda vivienda sujeta a ejecución hipotecaria pase a formar parte de un PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER SOCIAL, asumiendo la Administración Pública la gestión de las mismas, e ir dando pasos en la creación de un Organismo Público de Vivienda para Euskal Herria.