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No a la criminalización de la pobreza

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DIA DE LAS PERSONAS DIFUNTAS DE LOS DERECHOS...RECORTADOS POR LANBIDE

Varias personas que ven vulnerados sus derechos por parte del “Servicio Vasco de Empleo” se concentran ante las oficinas centrales de Lanbide en Bizkaia para denunciar las malas prácticas y recortes que se aplican de forma sistemática desde el Gobierno Vasco con el ánimo de vulnerar los derechos que asisten a las familias que sufren situaciones de paro, precariedad y exclusión social. En esta comparecencia pública también participará el abogado de algunas de estas familias; y que lleva varios recursos en los juzgados contra los recortes de Lanbide, y con varios de ellos ganados a Lanbide en el Contencioso Administrativo.

Iniciativa que se desarrolla bajo el lema “Día de las personas difuntas de los derechos… recortados por Lanbide”. En concreto, personas usuarias de Lanbide -y diferentes colectivos sociales de Bizkaia-, denuncian el acoso permanente que sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales; y la vulneración de derechos -y de la propia ley- por parte del Gobierno Vasco. Malas prácticas implementadas como herramienta de recorte social.

En el trascurso de esta movilización se entregará un documento donde se recogen los recortes y malas prácticas habituales de Lanbide. Además, de propuestas de cambio para restaurar estos derechos vulnerados.

Estos son los casos concretos que se denunciarán en el día de hoy:

-A. S. M. de 43 años. Persona a la que se extingue la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo. Aunque en todo momento ha acreditado (vía registro en la oficina de Lanbide-Beurko, en Barakaldo), sus recursos económicos vía empleo precario; y el patrimonio disponible. Además, de su sentencia de separación. Documentación que acredita su derecho a percibir los denominados “Incentivos al Empleo”, como reconoció Lanbide en un primer momento. Persona que, a día de hoy, tiene presentada denuncia contra Lanbide ante el contencioso-administrativo por vulnerar sus derechos.

-J.M.G. 28 años. Ve denegada la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar la documentación requerida cuando obra en su poder un resguardo de la oficina de Lanbide-Beurko de Barakaldo donde se acreditaba la presentación de dicha documentación. Por otro lado, se le solicita nueva documentación que nada tiene que ver con su situación económica, como la tarjeta sanitaria.

-V. A .L. 40 y J. I. B. M. 49 años. Matrimonio que después de vivir 10 meses en una fábrica abandonada en Trapagarán ve denegado su acceso a la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar un certificado que nunca se les había solicitado desde Servicios Centrales de Lanbide o en su oficina de Portugalete.

-E.C.M. 26 años. Persona a la que se deniega la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar documentación, cuando obra en su poder un resguardo de la oficina Lanbide-Beurko de registrar dicha documentación. Además, Lanbide interpreta que tiene una “relación sentimental” simplemente por tener un contrato “de cotitularidad y coarriendo” con la persona con la cual comparte piso de alquiler.

 

 

A través de esta denuncia pública se pretende evidenciar el incumplimiento sistemático y premeditado en LANBIDE de los procedimientos y reglamentos que protegen a las personas con escasos recursos económicos para llegar a fin de mes; así como la utilización de criterios restrictivos, dificultad para acceder al personal de las oficinas, el entorpecer la entrega de documentación necesaria o lecturas interesadas de la ley para hacer recortes por la vía de las suspensiones y extinciones de las prestaciones.

De este modo, el Gobierno Vasco recorta el gasto social sin tener que dar la cara ante la opinión pública como responsable del recorte de derechos; o como culpable de hacer vivir a miles de familias en una precaria situación económica. Mediante la manipulación interesada de los datos aportados, o la criminalización constante, las familias ven vulnerados sus derechos. Bajo la sospecha, de una supuesta bolsa de fraude a la que achacar la culpa, la administración vende esta política de recortes como logro y buena gestión.

Un ejemplo de esta vulneración de derechos es la aplicación de forma generalizada de las suspensiones cautelares. Las cuales implican no poder ejercer el derecho a la defensa y audiencia previa antes de ser efectiva la sanción; así como una posible extinción de la prestación si no se levanta dicha suspensión, lo que impide volver a solicitarla en el plazo de un año en el caso que LANBIDE no responda a los recursos.

Lanbide recorta los derechos sociales de miles hogares en situación de precariedad; conculcando de facto, con la excusa del control, los derechos de una parte muy vulnerable, y significativa, de la población de la CAPV. Múltiples son las malas prácticas aplicadas de manera reiterada. Varios son los ejemplos…

1.- Las oficinas funcionan cada cual a su manera. Sigue sin haber espacios de registro; falta personal cualificado para determinadas atenciones o preguntas; o agendas insuficientes para poder satisfacer la demanda. Sigue habiendo colas para poder registrar documentos o personal de seguridad que hace las labores de asesor.

Las familias usuarias de Lanbide se merecen el mismo respeto que el resto de la ciudadanía a la hora de ser atendidas por la administración pública. Exigencia de calidad y respeto a la normativa, también en Lanbide.

2.- En la actualidad, mediante el sistema de cita previa telefónica, a mes y medio vista; la falta de registro en muchas oficinas; o la constante petición de documentación a entregar en plazo de 10 días. Todo ello hace que personas que cumplen requisitos y obligaciones acaben, sin embargo, viendo suspendidas sus prestaciones.

Esta vulneración del derecho administrativo provoca que quien solicita la RGI desista o retrase su incorporación al sistema, con el “ahorro” consiguiente a la administración a costa los derechos de las familias.

3.- Las comunicaciones de Lanbide siguen sin venir suficientemente motivadas. Un ejemplo de esto es el envío masivo de cartas reclamando a personas perceptoras supuestos cobros indebidos bajo amenazas o denunciando estos hechos ante los medios de comunicación como fraude; cuando está claro que todo esto es producto de una mala gestión -incorrecta y chapucera- por parte de Lanbide.

Asimismo, es denunciable las miles de notificaciones solo a través del BOPV, Boletín Oficial País Vasco.

4.- Los procedimientos, y la prestación de servicios por parte de Lanbide, siguen sin amoldarse a la normativa. Primando el control sobre un supuesto fraude sobre cualquier otra cosa, como la situación de vulnerabilidad de miles de familias. Como lo acredita, por ejemplo, el reciente informe publicado por Emakunde sobre “La exclusión residencial grave en la CAPV desde una perspectiva de género”.

Cabe señalar que el fraude en la gestión de la RGI es ínfimo, y no supera el 0,28%. Es más, este fraude es producto, principalmente, de la mala gestión de Lanbide en la denominada “Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo”. Los supuestos pagos indebidos se pretenden imputar a un fraude masivo en el acceso a las prestaciones. Lo cual, además de incierto y falso, solo esconde una política de control y criminalización de las familias trabajadoras afectadas por la actual situación de recortes y crisis económica. Sin hablar de la falta de personal para perseguir la verdadera estafa a las arcas públicas; esa que representa cientos de millones de euros al año a través del fraude fiscal ejercido por las rentas del capital o grandes corporaciones y empresas.

Todas estas malas prácticas de Lanbide dejan sin recursos a miles de personas empobrecidas. Cabe recordar que las diferentes prestaciones gestionadas desde Lanbide (Renta de Garantía de Ingresos, Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo; Complemento de Pensiones; Prestación Complementaria de Vivienda) son un derecho. Por lo tanto, de acceso público, transparente y responsable; y que, su gestión, concesión y control deberían estar sujetas a criterios de calidad, respeto, legalidad y JUSTICIA SOCIAL para todas las personas y familias de la CAPV.

Además, y no deja de ser sintomático, que existan recursos y personal suficiente para hacer un control semestral de expedientes y movimientos bancarios de todas las familias usuarias de Lanbide; pero, sin embargo, no sea posible una respuesta motivada a las alegaciones y recursos presentados en tiempo y forma en las oficinas de Lanbide. O que las reclamaciones formalizadas ante Lanbide sean respondidas sin siquiera haber leído los argumentos realizados y se conteste en base a formularios tipo.

En resumen, denunciamos que Lanbide se llene de orgullo diciendo que protege a la ciudadanía y, sin embargo, trabaje de forma constante para vulnerar los derechos sociales que asisten a las familias vascas.

 

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA

Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos/Besarkatuz, SOS Racismo-SOS Arrazakeria, PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!.

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