Sobre la Estadística del Mercado de Alquiler (EMA)

El 3 de octubre del presente año, el Gobierno Vasco ha publicitado la creación del EMA, y el Consejero Arriola destaca la utilidad de esta herramienta, “que nos va a permitir ajustar los sistemas de ayudas y prestaciones a la realidad del precio del alquiler y diseñar posibles sistemas de incentivos fiscales en base a datos precisos y verificables”. Los datos de partida hacen referencia a los contratos vigentes en los tres registros territoriales entre 2016 y el 31 de diciembre de 2018, un total de 46.890 contratos, referidos a unos 90.000 pisos. “Las viviendas de protección pública o las vinculadas a programas como Bizigune y ASAP, que por sus características no se tienen en cuenta en la EMAS”.


Hay varias cuestiones que la propaganda del G.V. y de su Consejería de Vivienda ocultan, aunque como resaltamos en negrita lo reconocen en dos líneas. La regulación del mercado inmobiliario, en concreto el de los alquileres es función también del G.V. por medio de la regulación de los precios de alquiler en las viviendas de protección oficial (VPO) y debieran hacerse públicos los datos de Alokabide, Bizigune y ASAP, en cuanto a número de viviendas que gestionan, al precio de los alquileres que están cobrando en cada una y no sólo la media de los precios, que puede ocultar precios que no son los permitidos por la Ley del 2015 y del precio general de los alquileres de VPO. Pero además ya es hora de hacer públicos también los pisos vacíos de VPO del G.V., los pisos libres que están siendo gestionados para alquiler y los complementos que el G.V. paga por ellos.


Tenemos datos, algunos de los cuales han surgido en la Lautada, que después de varios años donde aparentemente no había pisos de alquiler públicos (seguramente porque se ofertaban en compra), en víspera de elecciones al Parlamento Vasco, de repente y atropelladamente se ofertan a personas que se han tenido que buscar la vida por la ausencia de esa oferta institucional del G.V. y algunos ayuntamientos.


El Gobierno Vasco y los ayuntamientos, deben de hacer públicos los datos de esas viviendas de protección pública y sus precios, porque esos precios están regulados por Ley, y deben de servir de modelo y presión a los precios del mercado,  al margen de planteamientos tramposos de “medias” de precios que ocultan los abusos.


Por otra parte y como dato de interés público de las políticas de vivienda del Gobierno Vasco y del propio ayuntamiento de Gasteiz, referirnos a que desde el inicio de esta legislatura el ayuntamiento de Gasteiz ha renunciado al ejercicio de tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial de unas 30 viviendas, como consecuencia de estas actuaciones esas viviendas pasan a venderse como libres. Lo mismo hace el Gobierno Vasco con las que ha construido, aunque esos datos los debiera hacer públicos para que podamos hablar de la Ley de Transparencia que vincula al Gobierno Vasco, a las Diputaciones y ayuntamientos. En la pasada legislatura del ayuntamiento de Gasteiz y en el transcurso de esta del G.V., ¿En cuántas viviendas se ha ejercido la renuncia al ejercicio de tanteo y retracto, y qué seguimiento han hecho estas Instituciones públicas de su venta en el mercado?.


Elkartzen denuncia, como lo ha hecho en el análisis del Presupuesto del 2019 por los recortes y retrocesos en la materia de vivienda, otras cuestiones como ésta, que confirma las políticas contrarias al alquiler, el empuje a los propietarios de VPO para que acudan al mercado libre y la casi paralización del parque propio de viviendas que lo condiciona a la venta para paliar la cuenta de resultados de sus filiales de Alokabide y Etxebide.