Un análisis crítico de los presupuestos 2016 en el apartado de vivienda

¿DERECHO AL USO DE UNA VIVIENDA? UN DERECHO NEGADO DE FACTO POR UNOS PRESUPUESTOS ANTISOCIALES

El gasto total en la Viceconsejería de Vivienda ha descendido en términos reales un 51% en el periodo del 2008 al 2016.

En Junio de 2016 se aprobó una Ley de Vivienda para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que aunque cuenta con aspectos positivos como la penalización a la vivienda vacía, está muy lejos de dar una solución integral a la problemática de la vivienda. Para 2016 la cantidad asignada a vivienda ha sido reducida radicalmente, pasando de los 225,98 millones de euros en 2015 a 108,91 millones de euros en 2016. Y es más, después de 6 años de retraso en la aplicación de la Ley de Derechos Sociales, donde una de las cuestiones aprobadas era el derecho subjetivo de toda persona a una vivienda, se ha aprobado, hace dos meses aproximadamente, el Decreto de Cartera; que sería la materialización en los presupuestos de este derecho, pero tampoco hay presupuesto para este derecho.

Tal vez la consecuencia más visible en los medios de comunicación es la provocada por los miles de desahucios que se suceden en nuestro entorno, pero no hay que olvidar que se desahucia a las personas que pudieron acceder a una vivienda en unos momentos en que ya más del 90% estaba excluido del acceso a la propiedad, por ello no conviene dejar el análisis en el estrecho (aunque dramático) análisis de los desahucios y hay que analizar como la crisis va empeorando de forma global todas las condiciones de acceso a la vivienda. Sin olvidar que el no tener asegurado este derecho, conlleva el no tener asegurados otros derechos como pueden ser la salud, alimentación, energia... empeorando de forma grave las condiciones vitales de las personas.


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Quienes “nos gobiernan" saben perfectamente cuál es la solución a la problemática de la vivienda, y lo venimos diciendo año tras año, la vivienda es un derecho social, por tanto debe quedar fuera de la lógica del mercado. La política de las instituciones debe dar un giro radical y enfocarse al interés social y no a favorecer los intereses privados y especulativos. Lo que significa que todos los fondos públicos a vivienda deben destinarse a dotaciones públicas de uso social (alquiler social). Es necesario que se considere la vivienda como de interés público prioritario y por tanto aumentar la dotación presupuestaria de las diferentes administraciones en materia de vivienda, en función de las necesidades reales.

Hacemos un llamamiento a toda la población a organizarse, a salir a la calle, a movilizarse y luchar por unos presupuestos participativos que repartan la riqueza y aseguren el derecho al acceso y uso de una vivienda digna.

 

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