Ante los presupuestos del 2018 en Hego Euskal Herria

ELKARTZEN EXIGE UNOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y QUE REPARTAN LA RIQUEZA COMO INSTRUMENTO PARA PONER FRENO AL MODELO PRECARIO QUE DESDE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SE NOS IMPONE.


Los presupuestos un instrumento de política económica a favor del capitalismo.

Los presupuestos son un instrumento clave para repartir la riqueza y garantizar a todas las personas los mínimos necesarios para vivir con dignidad. No podemos dejar en manos del poder capitalista y sus partidos del régimen las decisiones en materia presupuestaria. Tenemos que tomar la iniciativa y ser conscientes de que hablar de presupuestos es hablar de cómo recaudamos, en qué gastamos lo recaudado y quién decide cómo se lleva a cabo este proceso. No estamos hablando sólo de gastos.

Tras una decada del inicio del proceso que llamaron “crisis”, analizando los presupuestos de 2018 y comparándolos con los de 2008, vamos a poder ver a lo largo de este documento que aquel proceso en realidad no fue otra cosa que un ataque redoblado contra la clase trabajadora y los sectores populares.

Año tras año vemos como las rentas más bajas siguen soportando el mayor peso de los impuestos. A pesar de que nos dicen que estamos saliendo de la “crisis”, se sigue profundizando en los rasgos básicos de la regresiva estructura impositiva del capital, como bien demuestra el reciente acuerdo para bajar el Impuesto de Sociedades en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (ABG). Los impuestos indirectos, que no tienen elementos de progresividad, siguen aumentando (en ABG el 53,15% en 2018, tres puntos más que en 2008 y en Nafarroa el 59,9%, once puntos más que en 2008) y en los directos cada vez tiene más peso el IRPF (en ABG el 77,4% de los directos frente al 67,6% del 2008, y en Nafarroa el 78,5% frente al 61,6% del 2008) sobre el Impuesto de Sociedades (en ABG el 17,2% de los directos frente al 25,9% del 2008, y en Nafarroa el 13,2% frente al 33,3% del 2008) y el Impuesto sobre Patrimonio (en ABG ha disminuido un 10% desde 2008 y en Nafarroa un 20%), de modo que el mayor peso sigue recayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares. La presión fiscal sigue siendo una de las más bajas de Europa y gracias a los beneficios fiscales se dejan de ingresar un 30% en ABG y un 25,75% en Nafarroa del total de los presupuestos correspondientes (el porcentaje llega al 50% en el Impuesto sobre Patrimonio).  A esto hay que añadirle el aumento del fraude fiscal, que superaría los 10.000 millones de euros y la impunidad de la que gozan las grandes fortunas.

Aun teniendo menos ingresos seguimos pagando el cupo y el convenio. Cada vez pagamos más a Madrid por su endeudamiento (gastos militares, trasferencias no asumidas, grandes infraestructuras...etc). En total, para 2018, Hego Euskal Herria trasvasará a Madrid 1.842 millones de euros en concepto de cupo y convenio.

En los presupuestos nos dicen que “tenemos un modelo sólido de crecimiento, con creación de empleo”, ¿crecimiento? ¿de quién?, ¿creación de empleo? ¿en qué condiciones?. Si a las continuas privatizaciones, trasvases de dinero público a la iniciativa privada y recortes en todos los ámbitos, le sumamos las desorbitantes tasas de desempleo, (con más de 163.000 personas en desempleo y una tasa de temporalidad del 91,8% en ABG y del 92,6% en Nafarroa, a lo que hay que sumar que en el último año 17.600 mujeres han perdido su empleo) tenemos la imagen clara del abandono que sufren las clases populares, desde el principal instrumento de la política económica, el presupuesto.

Sin embargo las obras faraónicas se mantienen para seguir llenando los bolsillos de los de siempre. El valor total presupuestado y comprometido para el TAV entre 2010 y 2018 asciende en ABG a 2.570,47 millones de euros. Si se comparan con los 126,9 destinados a toda la Viceconsejería de vivienda para 2018, vemos que el TAV se lleva un importe (en 8 años) igual al presupuesto de vivienda de 20 años. En Nafarroa el Gobierno del Cambio, a pesar de haberle cambiado el nombre a Tren de Altas Prestaciones (TAP), se sigue adelantando el dinero (1 millon de euros en 2018) al Gobierno de Madrid para la realización del mismo proyecto que puso en marcha UPN. Además, el coste de los “peajes en la sombra” (una de las formas utilizadas para pagar grandes obras como el Canal de Navarra y las Autovías A-21 y A12, consistente en la construcción y financiación de una obra por la empresa privada y el pago del Gobierno por su utilización, con un gasto resultante a largo plazo mucho mayor que haber realizado la obra) para 2018 es de 93,45 millones en Nafarroa, valor que se ha más que duplicado desde 2008.

Mientras, las partidas destinadas a los diferentes departamentos como educación, sanidad o vivienda continúan siendo afectadas por recortes o son ridículas. Los incrementos respecto del año pasado en educación y sanidad son menores que la subida general de los presupuestos. Además gran parte de esas partidas son derivadas a centros privados (porcentajes que se incrementan año a año): de los 651,7 millones de la partida de educación en Nafarroa 131,6 millones (el 20,2%) y de los 2.716,8 de ABG 673,4 (el 24%). En los presupuesto de ABG podemos leer “se contempla un impulso adicional a la mejora de la educación a través de la expansión de los conciertos educativos”, politica que se verá impulsada por una gran parte de los 30 millones que el Gobierno de ABG a dejado a libre disposición del PP gracias al acuerdo que ha facilitado la aprobación de los presupuestos y la bajada del Impuesto de Sociedades.


Los presupuestos 2018, son papel mojado, siguen sin responder a los objetivos que proclaman los partidos en el gobierno.

La clase política tiene tan poca vergüenza que ya ni siquiera cumplen lo que dicen
. Estamos asistiendo a decretos a golpe de ley, recortes anuales, ajustes presupuestarios de lo previamente recortado con lo cual, los presupuestos como documento, han perdido toda su validez jurídica, se han convertido en papel mojado (en ABG la previsión de cierre presupuestario de 2017 que acompaña al proyecto de 2018 indica que en 2017 se van a gastar 400 millones de euros menos de lo presupuestado en un inicio).

Desde los diferentes gobiernos se nos dice que los presupuestos son los más sociales posibles, cuando la realidad nos muestra que la verdadera participación del gasto social directo realizado por las instituciones públicas vascas se va hundiendo paulatinamente. A esta política general hay que añadirle las limitaciones impuestas desde Madrid: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 que capacita al gobierno español para fijar el nivel de déficit público de todas las instituciones y la Regla de Gasto (apoyada por el PNV) que especifica que en 2018 el gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar el 2,4% el de 2017. Por lo que aunque los ingresos de las Diputaciones de ABG y del Gobierno de Nafarroa están aumentando más de lo previsto (casi 900 millones en ABG y 220 en Nafarroa), dichos aumentos no van a dar lugar a un aumento de las dotaciones presupuestarias. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública (gran parte de este pago se corresponde a intereses de deuda y a gastos relacionados con la misma).

El creciente peso de la deuda está hipotecando el verdadero gasto social de toda la década que viene, donde la recaudación será absorbida casi en exclusiva por el Cupo, el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público. La deuda pública en ABG en el segundo trimestre de 2017 se situaba en 10.791 millones de euros (15,3% del PIB) y en Nafarroa en 3.767 millones de euros (19,3% del PIB). Si comparamos la deuda de 2017 con la de 2008, vemos que ésta se ha multiplicado por 10 en ABG (1.007 millones, 1,5% del PIB en 2008) y casi por 5 en Nafarroa (868 millones, 4,6% del PIB en 2008). El próximo año se destinará el 8% del presupuesto de Nafarroa y el 11,7% del de ABG al pago de la deuda, cuando en 2008  no suponian ni el 2% ni el 3% respectivamente. Asistimos a una creciente financierización del gasto: en ABG las operaciones financieras han crecido un 37% desde el año pasado (se han multiplicado por cuatro desde 2008), mientras que las inversiones reales han disminuido un 36,5% (un tercio de lo que eran en 2008). Estos datos nos dan una idea de la magnitud del ataque que se está llevando a cabo contra la clase trabajadora y sectores populares via presupuestos.


Para hacer frente a la precarización solo nos queda la organización y la lucha.


La lógica capitalista aboca a privatizar todavía más sistemáticamente los recursos naturales a fin de que todos los recursos de la naturaleza, sin excepción, sean transformados en mercancías, de igual manera está sucediendo con los diferentes servicios públicos y sociales, donde continuamente vemos el trasvase de ingentes cantidades de dinero público a bolsillos privados.

La respuesta para sostener la demanda, el consumo, ha sido la del endeudamiento continuo. La deuda global aumenta para poder sostener la acumulación del capital globalizado, la deuda local para mantener los negocios de los amiguetes y concentrar  riqueza en cada vez menos manos. Así se explica que en Euskal Herria 1 de cada 3 personas estén por debajo del umbral de pobreza (siguiendo nuestra metodología  de cálculo del umbral de pobreza, el 37,5% del PIB per cápita).

La cada vez menor capacidad de decisión de las diferentes instituciones ante el capital transnacional y financiero (el poder de decisión de los diferentes niveles de las instituciones burguesas acompaña al proceso inherente al capitalismo de concentración y centralización), muestra a las claras el posicionamiento de las mismas en favor de “los de arriba” a expensas de los pueblos y de sus clases trabajadoras.

Siguen haciendo negocio a costa de los derechos de las personas y continúan con los recortes sociales. No existe voluntad de que pague más quien más tiene y así poder empezar a repartir la riqueza. Prefieren decir que no hay dinero y recortar derechos y calidad de vida a la clase trabajadora y los sectores populares.

La caída del gasto público social tiene tres componentes principales, uno es consecuencia directa del aumento de la bajada de la recaudación fiscal, dos, por la  eliminación de  la  autonomía presupuestaria de Hego Euskal Herria y tres, el  crecimiento  exponencial  del  endeudamiento  (para  gasto  no social) y su coste financiero. Ante esta realidad solo nos queda decir con rotundidad que:

No se van a confeccionar unos presupuestos participativos, primero porque el debate y las posibles enmiendas se hacen solamente en una parte del presupuesto: el presupuesto de gastos. Y esto es crucial ya que es el capítulo de ingresos el que determina el gasto presupuestario posible. Y luego porque tanto la población como los diferentes agentes sociales no podemos participar ni en la elaboración ni en la discusión del documento presupuestario.

No se va a repartir la riqueza de una manera más equilibrada, debido al tratamiento de favor concedido a las rentas de capital, a las de alquileres, a los beneficios empresariales y al fraude fiscal y a la escasa voluntad de gasto en políticas sociales.

No se van a garantizar los derechos sociales básicos [derecho a vivienda y unos ingresos superiores al umbral de la pobreza (calculado como el 37,5% del PIB per cápita de un territorio)] y no se van a garantizar unos servicios sociales públicos y de calidad.

Por todo ello exigimos la participación en la elaboración y toma de decisión de los presupuestos, para que respondan a las verdaderas necesidades de las personas. Tenemos que organizarnos, luchar y recordarles que nuestros derechos ni se negocian ni se pactan, se respetan y se ponen los medios para garantizarlos. Hacemos un llamamiento a toda la población a organizarse, salir a la calle, movilizarse y luchar por unos presupuestos participativos que repartan la riqueza.


¡LUCHA POR TUS DERECHOS SOCIALES!
¡HAZ FRENTE A LA PRECARIEDAD!
¡TRANSFORMA LA SOCIEDAD!


En Euskal Herria, a 18 de diciembre de 2018