Contra la pobreza asegurar unos ingresos mínimos

En los últimos días hemos podido escuchar como tanto el Lehendakari Iñigo Urkullu como la consejera de Empleo y Políticas Sociales Beatriz Artolazabal insistían en que el Gobierno de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no aplicará a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la subida del 8% decretada para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) (aunque así viene relacionado en su ley), sino que le aplicará el incremento del IPC, defendiendo que esta subida garantiza mantener el poder adquisitivo de esta prestación y «unas condiciones de vida dignas».


Es cuanto menos mezquino realizar semejantes declaraciones cuando en los últimos años no han hecho más que endurecer las condiciones para acceder a la RGI y reducir su cuantía a golpe de ley (presupuestos), un 21% los últimos tres años (a un ritmo del 7% anual durante 2014, 2015 y 2016). Mientras que en 2008 el número de personas perceptoras era de 29.585, a diciembre de 2016 el número ha ascendido a 63.797 personas (de las cuales 46.150 tienen DNI español, desmintiendo esos discursos xenófobos y racistas que culpabilizan de la situación a las personas migrantes). En 2008 los presupuestos destinaban 222,2 millones de euros a la RGI, siendo el importe medio por persona de 7510 euros. Los presupuestos de 2016 destinaron 378,5 millones, es decir, 5914 euros por persona, reducción dramática y más teniendo en cuenta todo el arsenal de medidas contrarias al pueblo trabajador que llamaron crisis. Situación que padecen con más crudeza las familias monoparentales, hecho que se agrava si es una mujer la  principal persona de referencia; las personas jóvenes; las migrantes; las paradas; las pensionistas (15.817 de las 63.797, de las cuales 10.737 son mujeres); y cada vez más esa “nueva” clase social llamada “trabajadores pobres” (12.570 de las cuales 8.221 son mujeres).

Capitalismo es sobre todo polarización, concentración de riqueza seguridad y consumo para ese 10% de la población mundial que posee el 83% de la riqueza y desempleo, precariedad, pensiones de miseria, problemas de acceso a la sanidad, educación e incluso a la alimentación básica para el resto (el 50% de la población mundial sólo posee el 2% de la riqueza del planeta). Situación que se ha acentuado con la llamada crisis. En 2015 (según el método de EUROSTAT) en la Unión Europea (UE) había 123 millones de personas sumidas en la pobreza y en riesgo de exclusión, de las cuales 13,4 millones pertenecían al Estado español (29% de la población). En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el 1,67% de la población controla el 44,78% de la riqueza, mientras que el 8% sobrevive con ingresos inferiores a 500€ al mes, y el 36,33% se situaba por debajo del umbral de pobreza.

Ante esta situación, no podemos quedarnos en la mera crítica del recorte que viene en la RGI; ni siquiera podemos limitarnos a criticar el recorte que ha venido sufriendo durante los últimos años. Además de denunciar estos atropellos debemos dejar claro que, como se ha demostrado en todos los años que lleva en vigor la RGI, esta prestación económica de ninguna manera ayuda a resolver el problema de la pobreza.

Desde Elkartzen llevamos años reclamando que se establezca un criterio homogéneo para definir y determinar el umbral de pobreza. Las instituciones europeas y estatales basan la determinación del umbral de pobreza en la mediana de la renta disponible equivalente, es decir, de los salarios para la mayoría de la población. Teniendo en cuenta que desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado la participación de la población asalariada en la riqueza generada ha descendido mientras que la parte apropiada por el capital ha aumentado sustancialmente: en 1977 la remuneración de la población asalariada representaba el 67,3% del PIB, mientras que en 2012 este porcentaje se ha reducido al 48,6%, nuestra propuesta pasa por indexar los salarios al PIB per cápita:

- El SMI no debería nunca de ser inferior al 50% del PIB per cápita.

- Ninguna prestación debería ser inferior al 37,5% del PIB per cápita, que pasaría a ser considerado el umbral de pobreza.

Aunque somos conscientes de las limitaciones que presenta el PIB a la hora de contabilizar la riqueza generada (no contabiliza el fraude fiscal, ni la economía sumergida, ni que decir el trabajo reproductivo sin el cual esta sociedad no conseguiría sobrevivir), y estando abiertas a las aportaciones que puedan llegar, pensamos que este método tiene la virtud de anclar la distribución de la riqueza a su generación.

Es cierto que solo con garantizar rentas y salarios en el Umbral de Pobreza no vamos a conseguir acabar con la pobreza. Asegurar unas condiciones laborales dignas para acabar con la explotación, poner límite a los desorbitados precios de las viviendas y alquileres, son solo algunas de las cuestiones imprescindibles para acabar con la pobreza de una manera integral. Es hora de despertar, de concienciarse y de plantarle cara al sistema colectivamente.

 

Latxe Uranga miembro de Elkartzen

En Euskal Herria a 13 de enero de 2017